La crisis de los cuidados en tiempos de COVID en Bolivia

By: Flavia Marco Navarro

July 15, 2021

In Bolivia, the public care day centers are closed due to COVID 19, but the private ones are working. This situation intensifies the social and opportunities inequalities, specially for children and their mothers.

Los tiempos de COVID nos exigen más que nunca pensar el mundo del riesgo desde la sociedad del cuidado, como diría Joan Tronto. Sin embargo, el cuidado es una dimensión más ausente que nunca en los servicios y políticas estatales en ciertos países como Bolivia.  En el balance nacional el panorama de la provisión institucional del cuidado en Bolivia es terriblemente deficitario. El promedio de cobertura de infantes de 0 a 4 años en centros infantiles era del 3% antes de la pandemia. Igualmente, el cuidado de personas mayores o con discapacidad que requieren asistencia era provisto de manera sumamente reducida por los gobiernos municipales, prácticamente no había una oferta pública en este sentido.

No obstante, había municipios, sobre todo las ciudades intermedias, en una mejor situación al promedio nacional o que las ciudades más grandes del país, tanto en términos de cobertura como de otros aspectos como los horarios de atención, más adecuados a las dinámicas de las mujeres. Incluso en esos territorios hoy se vive la carencia total de servicios de cuidado.

En materia de cuidado infantil, del tramo de 0 a 4 años, los centros de cuidado infantil, aun denominadas guarderías, viven una doble realidad. Aquellas privadas, pagadas, están abiertas hace casi un año en varios departamentos del país. Las públicas en cambio, las estatales, dependientes en su mayoría de los gobiernos municipales están cerradas. En muchos casos su personal, casi exclusivamente compuesto por mujeres, ha sido despedido. Las mujeres se las arreglan para cuidar a esos niños y niñas pequeñas en sus casas, en ocasiones quedan a cargo de sus hermanas mayores.

Esta dualidad de reglas, permitir la apertura a los centros infantiles privados y prohibirla para los públicos, profundiza la desigualdad social y de oportunidades tanto para la niñez, como para las madres, pues quienes acuden a las guarderías privadas son infantes de familias con niveles de ingresos medios para arriba.

Esta realidad se inscribe además en un contexto de reciente cambio de gobierno a niveles subnacionales en el país. Los gobiernos departamentales y municipales, quienes han venido asumiendo la instalación y gestión de “guarderías” y centros del adulto mayor, han asumido su mandato hace dos meses con estos servicios ya cerrados. El riesgo es que ante la renovación de todo el personal, que es algo que suele suceder con los cambios de gobiernos, las funcionarias de los servicios de cuidado no sean renovadas en sus cargos y tampoco sean reemplazadas, pues en casi todos los municipios se está ante una complicada situación financiera (desde hace cuatro años atrás).

A esto se suma que hace año y medio las escuelas funcionan en casa, lo que también profundiza las desigualdades sociales pues en áreas rurales dispersas y en estratos socioeconómicos de bajos ingresos no hay disponibilidad de dispositivos electrónicos adecuados, ni una conectividad decente a internet, ni padres y madres con disponibilidad de tiempo y un mínimo de conocimientos para apoyar a sus hijos, ni docentes preparadas para mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.

En suma, la crisis de los cuidados es patente, pero las carencias y emergencias son tantas que nadie reclama por la falta de apoyo con el cuidado, o casi nadie. Las mujeres siempre nos las hemos arreglado solas, con altos costos en lo personal, en lo laboral y en otros ámbitos, y con consecuencias también para los receptores del cuidado.

Con las cuidadoras remuneradas el panorama no es más alentador.  La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (FENATRAHOB) y Onumujeres han denunciado rebajas en los salarios, prohibiciones de salir del hogar empleador y despidos sin las debidas indemnizaciones, al menos en la primera parte de la pandemia.

En este contexto, la presión de las mujeres organizadas puede ser única de las pocas formas de contribuir al cambio, pues los gobiernos de los distintos niveles de administración del Estado no asumen el cuidado como una responsabilidad pública. Por ello, la Plataforma por la Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado, una red de organizaciones y mujeres independientes, está trabajando en la construcción de propuestas con miras a un proceso de lobby e incidencia política.