La pandemia y el valor del cuidado en disputa

By  Gabriela Marzonetto

8/24/2020

La pandemia potenció la crisis de los cuidados. Como resumía Corina Rodríguez Enríquez, activista feminista y experta argentina en políticas de cuidado: “vino el COVID-19 y en tres meses puso en la agenda lo que venimos abogando desde hace más de 15 años”. De repente, las medidas de aislamiento social y la interrupción de las clases presenciales en escuelas y centros de cuidado, nos tienen conviviendo todo el tiempo a todos los miembros del hogar, intentando hacer coexistir una multiplicidad de demandas y papeles: cuidar, educar, paternar/maternar, cocinar, trabajar remotamente, mediar en conflictos familiares, etc. A ello se suma el trabajo extra que implica el aseo, las compras y el resolver actividades de la vida cotidiana ante la posibilidad de contagiarnos.

El contexto pone más que nunca en evidencia nuestras interdependencias, como advierten las chilenas Mabel Araya y Geanina Zagal para El Mostrador de Chile. Daniel Jones para Revista Anfibia de Argentina también ofrece una interesante reflexión sobre qué aprenden los varones padres sobre el cuidado en este contexto. El Observatorio Social del Coronavirus de CLACSO vincula los cuidados a las otras dimensiones de la crisis. Asimismo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, argumentan que América Latina necesita con urgencia de sistemas integrales de cuidados como clave para la recuperación socioeconómica en América Latina y el Caribe (puede ver el resumen ejecutivo y escuchar la presentación del informe).

Hubiéramos pensado que el país a mirar para poder resolver este desafío era Uruguay, el único país de América Latina que bastante antes de esta pandemia, en 2015, instauró un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). En contrapunto, Argentina, que estuvo rezagado en esta materia empezó a buscar soluciones al respecto. Hoy, salvando las grandes diferencias de institucionalidad de las políticas públicas de cuidado de estos dos países, pareciera que la situación se estuviera invirtiendo, al menos en lo que respecta a las prioridades de los gobiernos.

En efecto, en Argentina, en plena pandemia de COVID-19 se crea la mesa interministerial de políticas de cuidado, que en julio de este año publica un documento oficial que presenta al cuidado como un problema social que debe ser abordado desde la perspectiva de derechos y de manera interdisciplinar e interinstitucional. En esta línea, al inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio se reconoce el problema del cuidado y se crea  la opción de licencia para cuidado de hijos/as menores de  6 años con goce de salario para quienes realizaran trabajos presenciales en la Administración Pública Nacional. A su vez se promueve el teletrabajo público y privado con justificación de inasistencia para quienes tengan hijos e hijas en edad escolar mientras se encuentren suspendidas las clases. Como corolario de estas medidas, en agosto de este año se lanzó la campaña Nacional “Cuidar en Igualdad”.

Estas disposiciones parecen indicar que de a poco en Argentina se va instalando en el acervo de políticas sociales aquellas referidas al cuidado. La combinación de una coyuntura crítica tan particular como la que estamos viviendo sumado a la presencia de dos estructuras burocráticas creadas para tal fin, un área de cuidados en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la Dirección de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, parecen ser auspiciosos. Esperamos ahora que estas medidas que en parte vienen a contrarrestar -aunque parcialmente- los efectos y el ánimo de las familias bajo la cuarentena más larga de la región, trasciendan la coyuntura  y se materialice efectivamente un conjunto de políticas que garanticen el derecho al cuidado.

En Uruguay, por su parte, los cuidados son un tema sólidamente cimentado. El SNIC no fue sólo una bandera del tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio, fue un logro colectivo de organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general, y en términos de gestión interinstitucional, un ejemplo para el resto de los países de la región que mostraba que era posible pensar un universo amplio de políticas sociales de manera sistémica si se compartía una visión en conjunto: comprender el valor del cuidado para la sostenibilidad de la vida.

Hoy, ante la situación de pandemia, el SNIC enfrenta el riesgo de ser desarticulado bajo el argumento de lograr mayor eficiencia del gasto, volviendo a lógicas sectoriales de gestión de la política social que dejan de lado la dimensión fundamental del valor y las lógicas del cuidado. Como plantearía el Subsecretario de Desarrollo Social ante los medios de comunicación: “es un muy buen programa de países ricos”. Por su parte, la Red Pro Cuidados en abril de este año advirtió que la compra directa de respiradores y monitores de signos vitales que realizó el gobierno para combatir la pandemia se hizo con fondos específicos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo para el SNIC, lo que implicó la afectación de una parte del presupuesto de esta política. Si bien se comprende que en tiempos de emergencia sanitaria se requieren muchos esfuerzos por proteger a la ciudadanía de un inminente brote de COVID-19, también es cierto que las políticas de cuidado operan justamente como una protección ante los diversos efectos de la pandemia, incluyendo la atención de personas contagiadas en el seno de las familias. De más está decir que afectación de los ingresos del SNIC generó fuerte controversia.

Resulta paradójico y triste que cuando más se ha evidenciado la importancia y la necesidad de los cuidados, el país que más avanzó en el reconocimiento del valor de los cuidados y que se constituyera en el faro al que miramos desde los otros países de la región, dé indicios de iniciar un proceso de retracción de estas políticas, mientras que otros más aletargados se deciden a apoyarse en los cuidados como parte de las necesarias soluciones durante y post pandemia.

*Este artículo reemplaza a una versión previa que contenía un error involuntario que planteaba que en Argentina se presentaba el beneficio de licencias por cuidado de niños/as menores de 6 años para trabajadores/as del sector público y privado, cuando esta opción sólo es válida para aquellos/as trabajadores/as de la administración pública nacional cuando ambos responsables por los/as niños/as (por ejemplo madre y padre) trabajan en este sector.